Salarios, productividad y competitividad en la economía española (EN ALTERNATIVAS ECONÓMICAS)
SALARIOS, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
José Ignacio Pérez Infante
Economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis
La actual situación de crisis, que ha supuesto una importante pérdida del PIB real o en volumen, del 7,5% en cifras acumuladas desde el segundo trimestre de 2008 hasta el segundo de 2013, se intensifica y agrava por la política de austeridad y de ajuste fiscal, iniciada en 2010 y acentuada en 2012, siguiendo los dictados e imposiciones del gobierno alemán y de distintos organismos, entre ellos, el Banco Central Europeo y el Banco de España. Este importante retroceso del PIB real ha provocado desde el tercer trimestre de 2007 una destrucción desconocida de empleos (casi tres millones setecientos mil) y un enorme, también desconocido, aumento del paro (superior a cuatro millones cien mil personas), lo que significa que de cada cuatro personas activas más de una se encuentre parada, ya que en el tercer trimestre de 2013 la tasa de paro ascendía al 26%.
Pues bien, una consecuencia muy relevante del descenso del empleo y el aumento del paro en esas cifras tan desorbitadas es que la capacidad negociadora de los trabajadores de las condiciones de trabajo en general y de las salariales en particular se ha debilitado considerablemente. A ello ha contribuido también la estrategia de devaluación salarial, tendente a la reducción de los salarios, cuya máxima expresión es la reforma laboral de 2012, aprobada por el gobierno del PP en febrero de 2012.
Esta radical reforma laboral, que ha supuesto una drástica alteración en las relaciones laborales entre los empresarios y los trabajadores, en favor de los primeros y en perjuicio de los segundos, se ha reflejado en cambios muy sustanciales, como, entre otros, la mayor facilidad y el abaratamiento del despido, la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo y salariales unilateralmente por los empresarios cuando no están reguladas (o superan a las reguladas) por convenio colectivo, y la transformación que se produce en la negociación colectiva al propiciar los convenios de empresa, en detrimento de los sectoriales, facilitar considerablemente la inaplicación (descuelgues) de los convenios vigentes y prohibir la ultraactividad (prórroga indefinida de los convenios hasta la firma de uno nuevo), cuando haya transcurrido un año desde el final de su vigencia temporal.
Esta fragilidad de la capacidad negociadora tiene su reflejo inmediato en la evolución de los salarios pactados en los convenios colectivos, que reducen su ritmo de crecimiento desde el 4,2% en 2007, antes de la crisis, hasta el 1,2% en 2012 y el 0,6% en 2013, crecimientos que, previsiblemente, serán aún menores en la realidad en los dos últimos años, si se consideran las inaplicaciones de los convenios colectivos que en los diez primeros meses de 2013 han afectado a más de ciento cuarenta mil trabajadores y que en más de la mitad de los casos han supuesto la reducción de los salarios pactados, sin que se corrijan estadísticamente las cifras salariales pactadas. Además, hay que tener en cuenta que en los convenios registrados hasta el 31 de octubre de 2013 el 40,8% de los convenios con efectos económicos en ese año, que cubren al 35% de los trabajadores con convenio, han pactado variaciones nulas o negativas de los salarios.
Pero es que, por otra parte, los salarios pactados no explican plenamente los salarios brutos percibidos por los trabajadores (antes de deducir las aportaciones de los trabajadores a la seguridad social y las retenciones del IRPF). Y es que en una situación de crisis como la actual el crecimiento del salario percibido puede ser inferior al del salario pactado por una serie de factores, algunos favorecidos por la reforma laboral de 2012, tales como el descenso o supresión de determinados complementos salariales, como los vinculados a los beneficios y a las ventas de las empresas, la disminución o eliminación de las horas extraordinarias, la reducción de la jornada laboral respecto de la pactada, la anulación o revisión unilateral por parte del empresario de acuerdos salariales con los trabajadores al margen de los convenios y la ya mencionada inaplicación o descuelgue de los salarios pactados en convenio colectivo.
El salario bruto percibido por trabajador puede estimarse por el coste salarial por trabajador de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que, después de una importante moderación en su ritmo de crecimiento desde 2009, disminuye en términos monetarios en 2012 el 0,6% y en el primer semestre en el 1,2%. Los salarios brutos percibidos, según esa encuesta, llevarían tres trimestres consecutivos disminuyendo, desde el cuarto trimestre de 2013, primero en el sector público por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, pero después, también, en el sector privado. Ahora bien, en cualquier caso, aparte de que los salarios brutos monetarios disminuyen desde 2012, los salarios brutos reales (salarios monetarios divididos por el IPC) se reducen desde 2010, lo que es significativo de que los trabajadores llevan perdiendo poder adquisitivo durante tres años y medio consecutivos. Si se deflacta (divide) el coste salarial por trabajador medio de cada año por el IPC también medio de cada año, el salario bruto real por trabajador habría disminuido desde 2010 hasta el primer semestre de 2013 en más de diez puntos porcentuales, 10,1, lo que supone que el conjunto de los trabajadores, al aumentar más los precios que los salarios, pueden adquirir con sus salarios en el primer semestre de 2013 un 10% menos de los bienes y servicios que podían adquirir en 2010.
Si al coste salarial por trabajador se le añade la aportación del empresario a la seguridad social y otros pagos del empresario a los trabajadores, entre los que se incluyen las indemnizaciones por despido, se obtiene el coste laboral por trabajador que también estima la ETCL. La evolución de esta magnitud es similar a la del coste salarial por trabajador, disminuyendo también desde 2012, el -0,6% en ese año y el -0,8% en el primer semestre de 2013. Pero el coste laboral por trabajador no es el concepto más significativo para que el empresario valore el coste efectivo de los trabajadores ni, por consiguiente, para estimar su contribución a la rentabilidad de la empresa al no tener en cuenta la productividad de los trabajadores Para ello es más apropiado el coste laboral unitario, equivalente al coste laboral por unidad de producción, y que es igual al coste laboral por trabajador dividido por la productividad por ocupado. Para calcularlo hay que recurrir a la Contabilidad Nacional de España (CNE), pues esta es la única estadística que obtiene la productividad por ocupado. En esta estadística el concepto equivalente al coste laboral por trabajador es la remuneración por asalariado, por lo que el coste laboral unitario (CLU) será igual a la remuneración por asalariado dividida por la productividad por ocupado. Según la CNE, el CLU monetario disminuyó ya desde 2010, acentuándose la reducción en 2012: así, se aminora el 1,7% en 2010, el 1% en 2011, el 3% en 2012 y el 2,6% en el primer semestre de 2013.
La evolución claramente decreciente de los CLU se justifica por dos razones: la primera, porque la variación del coste laboral por trabajador, que figura en el numerador de la expresión que calculan los CLU, se modera, primero, y desciende, después, y, la segunda, porque la productividad por ocupado, que figura en el denominador de esa expresión, crece durante la crisis económica a un ritmo muy elevado, superior al 2% (llegando al 3,3% en 2012), mientras que anteriormente, cuando la economía (el PIB) crecía mucho la productividad por ocupado aumentaba muy poco (el 0,5% en 2007). Este carácter anticíclico de la evolución de la productividad por ocupado, algo que no ocurre en otros países desarrollados, se debe a que la vía de ajuste preferente de las empresas españolas ante los cambios en la situación económica es la del empleo, que es muy fluctuante en nuestro país, al aumentar mucho en las expansiones (productividad por ocupado baja) y disminuir también mucho en las crisis económicas (productividad por ocupado alta), cuando la vía de ajuste en otros países es diferente, por ejemplo, la reducción de la jornada. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la productividad por ocupado significa que para producir lo mismo se necesita contratar menos trabajadores y equivale al umbral de crecimiento del empleo, lo que tiene que aumentar el PIB real para que la economía empiece a crear empleo neto. En España este umbral en las situaciones de crisis como la actual es muy alto, por lo que en estas situaciones se acentúa aún más la destrucción del empleo que se explicaría por la moderación o el retroceso del PIB.
Y esta diferencia en la evolución de la productividad por ocupado se explica tanto por el modelo productivo que caracteriza a la economía española, y que es muy diferente al de otros países, al depender más de actividades inestables de carácter temporal o estacional, como la construcción y el turismo, y a la mayor facilidad para la contratación temporal y para la extinción de este tipo de contratos. Es más, en las expansiones aumenta mucho en España los empleos de baja productividad y de salarios reducidos y en las crisis económicas son esos empleos los primeros que desaparecen, mientras que en otros países los empleos que se crean en las expansiones son, normalmente, de productividad alta y en las crisis el ajuste del empleo es mucho menor, tendiendo a mantener los empleos pero reduciendo las jornadas laborales, por lo que en esos países el crecimiento de la productividad por ocupado durante las crisis es muy bajo, mucho menor que en el nuestro.
Además, y, por mucho que se repita, la devaluación salarial y la reducción de los costes laborales unitarios que la acompaña no tienen por qué mejorar necesariamente la competitividad de la economía española, si no que los precios reales relativos de producción (precios nacionales/precios extranjeros), teniendo en cuenta el tipo de cambio (multiplicándolos por el tipo de cambio nominal del euro cuando el país o grupo de países tiene una moneda diferente al euro), pueden aumentar en vez de bajar, por lo que la posición de competitividad de la economía española empeoraría. Y eso es lo que ocurre en los últimos años, sobre todo en 2012 y 2013, cuando bajan los salarios en España, en relación con el conjunto de lo países del euro, de la Unión Europea y de los países desarrollados. Y ello porque el descenso de los costes laborales unitarios no siempre se traslada a reducciones de los precios, sobre todo en sectores donde las grandes empresas tienen un elevado grado de control monopolístico, como ocurre en muchos sectores estratégicos, si no que, en muchas ocasiones, las empresas aprovechan la ocasión para aumentar el margen de ganancia, como, parece deducirse de la reciente información sobre el aumento de los beneficios de las empresas del IBEX. Y, además, porque la competitividad de las empresas no solo depende de los costes laborales, si no que también depende de otros costes, como los energéticos, que suben intensa y continuamente en nuestro país, y de otros factores, de los que también depende la productividad por ocupado, como el modelo productivo, la forma de organización, el nivel de tecnología y el tamaño de las empresas, muy reducido en nuestro caso, y, asimismo, del nivel del capital humano y de formación de los trabajadores de las empresas. Y, por último, y, en relación con otros países diferentes a los de la zona del euro, la competitividad de la economía también depende del tipo de cambio de esa moneda, que, según muchos expertos, está notablemente apreciada o sobrevalorada, en parte debido al elevado déficit exterior alemán, lo que encarece relativamente los bienes y servicios nacionales en otras monedas diferentes al euro.
NOTA: ESTE ARTÍCULO HA SIDO TAMBIÉN PUBLICADO EN EL NÚM 9 DE LA REVISTA «ALTERNATIVAS ECONÓMICAS».