Educación pública y externalidades

Educación pública y externalidades

Manuel Hidalgo

La justificación para la intervención del Estado en la economía ha sido de siempre muy variada. Algunos han utilizado conjuntamente conceptos como justicia y sociedad con los que argumentar que dicha intervención responde a una obligación para con aquellos más necesitados. Otros han sido más teóricos, y basándose en los llamados fallos del mercado han defendido la intervención pública debido a la existencia de mercados incompletos, de información asimétrica, de economías de escala, barreras de entrada, etc.

Entre estos fallos destaca a su vez la existencia de externalidades, es decir, situaciones en las cuáles o los beneficios o los costes de la actuación privada no es asignada en su totalidad a quien los genera. En el caso de la educación, la intervención pública puede justificarse desde varias perspectivas, no todas ellas desde luego económicas, pero sí una en particular, que es la existencia de dichas externalidades en la educación de los individuos. Si los beneficios de la educación no se circunscribe solo al ámbito privado del sujeto que se educa, es fácil argumentar que es necesaria la intervención pública.

Supongamos por un momento que todo el beneficio de la educación recibida por una persona recae en su ámbito privado. Por ejemplo, porque un aumento del nivel educativo conllevará con bastante probabilidad a una mejora esperada de su salario futuro. Nadie más se beneficia de dicho aumento en la educación. Si este fuera el caso, el mercado sería capaz de proveer el producto y el cliente de capturar su beneficio. No existiría pues sentido económico para la existencia de una educación pública. No tendría sentido que los demás aportáramos ingresos propios para subvencionar la educación de un tercero cuyo beneficio no va a “derramarse” sobre el resto de la sociedad.

Sin embargo supongamos que existen externalidades. Esto quiere decir, en este caso y en este ejemplo, que el que inviersor, es decir, quien recibe la educación e invierte en ella, no captura toda la rentabilidad de la misma. Pongamos un ejemplo de estas externalidades. Supongamos que trabajo en una empresa que va a contratar a un nuevo ingeniero. Este nuevo empleado, dadas sus habilidades, permite que la productividad de mi empresa aumente mucho más rápidamente gracias a sus servicios. Si un grupo de nuevos trabajadores educados se incorpora a la empresa, ésta al ser más productiva podrá pagar mayores salarios no solo a los nuevos empleados con elevada educación sino incluso a aquellos trabajadores de la empresa como yo que no tienen una educación similar a la de los nuevos compañeros. En este caso, los beneficiarios de la mayor educación media de la empresa no son solo los nuevos trabajadores educados, sino además el conjunto de los trabajadores de la empresa, sin importar su nivel de educación ni su esfuerzo e inversión por obtener una mayor cualificación. En este sentido, el trabajador educado no puede capturar todo el beneficio que corresponde como rentabilidad a su inversión. Parte de esta rentabilidad se “socializa”, traspasa el ámbito privado. Es por ello que si la rentabilidad es además de privada, social, existe justificación para que el Estado invierta en educación.

Otros ejemplos son igualmente reveladores. Por ejemplo, Lucas (1988) observa que las sociedades con mayor nivel educativo son sociedades que mejor adoptan las nuevas tecnologías, lo que intensifica su crecimiento redundando en el conjunto de la sociedad. Romer (1990) relaciona el nivel educativo con la creación de ideas y el desarrollo de innovaciones. Otras posibles conexiones entre educación y bienestar social han sido establecidas entre esta primera y su efecto sobre la delincuencia, la salud e incluso sobre la calidad democrática.

Una interesante línea de investigación de la macroeconometría ha buscado estimar estas externalidades. Es decir, cuánto crece el salario del conjunto de trabajadores, educados o no, en una región, provincia, ciudad o empresa cuando en dicho ámbito laboral aumenta la educación media de sus trabajadores. No son pocos los trabajos que han tratado, con mayor o menor éxito, estimar dicha externalidad, especialmente para los Estados Unidos (aquí para comprobar lo extenso de la literatura). Para España también hay trabajos aunque en menor medida (aquí, y aquí como ejemplos). A pesar del amplio número de estimaciones que aportan resultados significativos para multitud de países, regiones o ciudades, aún se está lejos de tener una cifra concreta que pueda considerarse de consenso.

Para ampliar la evidencia para España e incorporando ciertas mejoras metodológicas, en un trabajo conjunto con Walter García-Fontes, de la Universidad Pompeu Fabra, y que está a punto de aparecer en la Revista de Economía Aplicada, estimamos las externalidades, o rentabilidad social, de un año más de educación de los trabajadores a nivel de las provincias españolas. La posibilidad de estimar esta rentabilidad social entraña una serie de retos metodológicos complejos. La captura de la causalidad entre un incremento de la educación privada y un aumento generalizado de los salarios motivados por este hecho implica la necesidad de aislar una vía (causalidad) de las varias posibles existentes que pueden relacionar nivel educativo con salario medio provincial.

Por ejemplo uno podría argumentar que un mayor salario provincial eleva la educación dado que funciona a modo de efecto llamada a los trabajadores más cualificados. En este caso, la educación no sería la causa de un mayor salario, sino al contrario. Sería la consecuencia. Y esto es así porque las migraciones hacia las provincias españolas de salarios mayores por parte de los trabajadores más educados pueden ser relevantes. En este sentido, establecer una relación causal entre educación media de una provincia y el salario medio en la misma así como sus cambios en el tiempo puede ser complejo dada la existencia de una doble causalidad.

Es por ello que en este trabajo tratamos de aislar dicha relación causal. Para ello necesitamos aislar la parte del aumento del nivel educativo medio provincial con variables que sean independientes del salario. En este sentido relacionamos el aumento de la educación media provincial con el porcentaje de jóvenes entre 10 y 15 años una década antes de observar dicho aumento. La intuición es fácil de aprehender. Cuanto mayor sea la proporción de jóvenes en un momento dado en cada una de las provincias, mayor será el incremento de los trabajadores educados una década después, asumiendo que, dada la universalización de la educación, no existen especiales restricciones en el acceso a estudios medios y superiores por provincias. Este incremento del porcentaje de trabajadores educados hoy vendrá explicado principalmente por la estructura demográfica de justo una década antes, y que es independiente del nivel de salarios que existirá en dicha provincia diez años después. Una vez aislado el aumento de la proporción de trabajadores con educación media y superior debido al cambio demográfico, es posible estimar la relación causal en el sentido deseado, es decir, cómo un aumento del nivel medio de estudios de una provincia puede elevar el salario medio de todos los trabajadores, sean universitarios o no, con independencia del posible efecto llamada.

Los resultados son bastante significativos, indicando que existen externalidades a la educación. Concretamente, y utilizando los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales para los años 1995 a 2010, nuestras estimaciones indican que aproximadamente la rentabilidad social de un año más de estudio es de aproximadamente un 3-4 %. Como otros muchos estudios indican que la rentabilidad privada de la educación, es decir, el aumento del salario de un trabajador cuando ha adquirido marginalmente un año más de estudio, oscila entre del 5 y el 9 %, podemos inferir que un año más de estudio medio para el conjunto de la población eleva la renta media entre un 8 y un 13 %. Estas cifras justifican por lo tanto, y con creces, cualquier esfuerzo que se realice para mejorar la educación de los jóvenes en cualquier país desde el ámbito público.

Resumiendo, justificar el esfuerzo público en educar a sus jóvenes puede ser deseable toda vez que una parte considerable del presupuesto de las administraciones públicas se dedican a esta tarea. Entre dichas justificaciones encontramos la existencia de una rentabilidad social. Mi trabajo con el profesor García-Fontes estima que esta rentabilidad social es de un 3-4 %, muy similar a otros trabajos tanto para España como otros países. Esta cifra, por sí sola, es válida para que el las administraciones sigan considerando la educación de su población como un importante reto y una inmejorable inversión de cara al futuro.

Referencias:

Lucas, R. E. (1988). “On the mechanics of economic development”. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.

Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98 (5), Part 2, S71-S102