¿EL PARO REGISTRADO ES MÁS “REAL” QUE EL PARO DE LA EPA?

¿EL PARO REGISTRADO ES MÁS REAL QUE EL PARO DE LA EPA?

José Ignacio Pérez Infante.

Economista. Miembro de la Asociación Española de Economía del Trabajo y de Economistas Frente a la Crisis.

Nuestro querido amigo y maestro Luis Toharia repetía que habían existido dos oleadas de críticas a la Encuesta de Población Activa (EPA), una en 1985, coincidiendo con la superación de la tasa de paro por primera vez del 20%, y la segunda en 1994, al alcanzarse casi los cuatro millones de parados y ascender la tasa del paro a casi el 25%. En las dos oleadas de críticas de la EPA participaron personas relevantes de los gobiernos socialistas de la época. Mientras que la primera, la de 1985, se basó en el argumento de la existencia de una elevada proporción de economía subterránea, lo que no necesariamente cuestionaba la EPA, puesto que esta, a diferencia de las afiliaciones a la Seguridad Social, sí que puede recoger ese tipo de empleo, la segunda oleada de críticas se fundamentaba en la mayor fiabilidad para la medición del paro del registrado que el estimado por la encuesta.

Ahora parece que podemos encontrarnos en una tercera oleada de críticas de la EPA. Esta vez, coincidiendo con el dato del cuarto trimestre de 2012, que prácticamente roza los seis millones de parados, con una tasa de paro del 26%, la crítica es comandada por el presidente de la CEOE, señor Rosell, que en un ejercicio de irresponsabilidad y de ignorancia de las estadísticas españolas y, en concreto, de las laborales, afirma que la EPA de los seis millones de parados no es verdad, y que para poder saber los parados lo mejor es ir al registro, a los que se apuntan

La cuestión relevante de la crítica actual es que, si las estimaciones del paro de la EPA del cuarto trimestre de 2012 lo sitúan en 5.965.400 personas, el número de personas paradas registradas en las oficinas de empleo en cifras medias mensuales de ese mismo trimestre asciende a 4.863.400 personas, es decir, una diferencia de un millón ciento dos mil personas de más en la encuesta que en el registro. La diferencia de más en la EPA ha sido una constante histórica, salvo la excepción del período 2005-2008, en el que, después de cambios metodológicos de la EPA, que redujo el paro de esta estadística en casi medio millón de personas, y del paro registrado, que aumentó en casi medio millón, la cifra de paro registrado superó a la de la EPA.

Ahora bien, no existe ninguna razón para que las dos estadísticas obtengan cifras similares del paro, puesto que sus metodologías son totalmente dispares: la EPA es una encuesta a hogares familiares y el paro registrado es un registro administrativo; los colectivos también son distintos, ya que la EPA considera a todas las personas desocupadas que buscan empleo y el paro registrado solo a las que se inscriben en las oficinas públicas de empleo; y los criterios de medición no son los mismos, la EPA sigue estrictamente los criterios de medición del paro de la OIT y el paro registrado no sigue criterios objetivos sino administrativos.

En concreto, la EPA es la única estadística existente en España capaz de cuantificar todas las situaciones de las personas en relación con el mercado de trabajo, empleo y paro, y, por lo tanto, actividad e inactividad, y, en consecuencia, es la única estadística capaz de medir la tasa de paro, porcentaje de personas paradas respecto de las activas. Además, es una estadística totalmente comparable internacionalmente porque sigue estrictamente las recomendaciones de los distintos reglamentos comunitarios sobre las Encuestas de Fuerzas de Trabajo, incluyéndose dentro de la Encuesta de Fuerza de Trabajo del conjunto de la UE que publica periódicamente Eurostat (la oficina estadística comunitaria), y, asimismo, como se ha indicado, sigue también estrechamente los criterios de medición del paro de la OIT.

Según estos criterios de medición de la OIT una persona será parada, cuando teniendo edad legal de trabajar (entre 16 y 74 años, este límite superior según las reglas de Eurostat), en la semana de referencia de la encuesta (la anterior a la de la entrevista) declara no haber tenido empleo por cuenta propia ni por cuenta ajena (lo que implica no haber trabajado ni una hora en esa semana de referencia), haber buscado empleo activamente en las cuatro semanas anteriores (uno de los procedimientos considerados es la inscripción en una oficina pública de empleo, pero no el único) y estar disponible para trabajar en un plazo máximo de quince días.

Por otra parte, la muestra de la encuesta, de periodicidad trimestral, es de, aproximadamente, 65.000 hogares familiares, tamaño totalmente homologable al del resto de las encuestas similares de los países principales de la UE y la OCDE, y su publicación se acompaña de los cálculos de los errores de muestreo que para las cifras más agregadas son muy reducidos (el 0,38% para el empleo total y el 1.04% para el paro también total, todo ello en el cuarto trimestre de 2012).

La EPA se ha ido modificando para corregir los posibles problemas del diseño y procedimiento de la encuesta, adaptarse a las modificaciones de los criterios de Eurostat y a la realidad cambiante del mercado de trabajo, así como para adecuarse a la evolución demográfica de la sociedad española. Posiblemente, los cambios más relevantes de los últimos años han sido la corrección del envejecimiento de la muestra en relación con la población real, adaptando anualmente el diseño de la muestra de la encuesta al Padrón Municipal Continuo de la Población, la actualización de las proyecciones demográficas de 2001 y 2005 para tener en cuenta la importancia y la evolución de la inmigración y, en particular, el cambio en la definición del paro que se introdujo en 2002 y que supuso ajustarse a un reglamento comunitario de 2000 (Reglamento de la CE nº 1987/2000).

Este cambio de la EPA de 2002, que hizo que España fuera el primer país que se adecuaba al citado Reglamento de 2002, consistió en que para ser consideradas como paradas las personas que buscaban empleo únicamente mediante el registro en una oficina pública de empleo (sin utilizar otros procedimientos diferentes de búsqueda activa de empleo[1]) deberían haber tenido, al menos, un contacto con la oficina de empleo en las cuatro semanas anteriores con la finalidad de encontrar trabajo.

En caso contrario, si la persona, que solo busca empleo a través de la oficina pública de empleo, no ha tenido contacto con la oficina o ese contacto no ha sido con la finalidad de encontrar trabajo, como puede ser la mera renovación de la demanda o tenido únicamente relación con la asistencia a los cursos de formación para el empleo, se considerará en la EPA como inactiva pero no como parada. Este cambio supuso, según las estimaciones del propio INE, una reducción del paro, como se ha señalado anteriormente, cercana al medio millón de personas (463.000 personas menos en el cuarto trimestre de 2001).

Por su parte, el paro registrado es una estadística administrativa derivada de la gestión de la colocación, las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo de los servicios públicos de empleo. El paro registrado se publica mensualmente y refleja el número de personas desocupadas demandantes de empleo inscritas en las oficinas de empleo el último día del mes que son consideradas por los Servicios Públicos de Empleo como paradas, en virtud de una serie de reglas, la mayoría de ellas incluidas en una Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985, pero sin atenerse a los criterios ya citados de medición del paro de la OIT.

Según estas reglas se excluyen del paro registrado, a pesar de estar desocupados e inscritos como demandantes de empleo en las oficinas públicas de empleo, a un conjunto de colectivos, bien porque solicitan empleos únicamente de determinadas características (como los demandantes que buscan empleo por un período corto, menor de tres meses, por una jornada reducida, menor de 20 horas semanales, o para trabajar a domicilio o en el exterior), bien porque la disponibilidad para trabajar se considera que no es plena o que se encuentran en situación que puede considerarse como incompatible con el trabajo (como las personas que tienen más de 65 años, los estudiantes de enseñanzas regladas menores de 25 años o, si superan esa edad, son demandantes de primer empleo, las personas en situación de incapacidad temporal o que rechacen acciones de inserción laboral) o bien porque sean beneficiarias del subsidio agrario de carácter eventual de Andalucía y Extremadura.

Pero también las estadísticas de los Servicios Públicos de Empleo han sufrido cambios metodológicos de relevancia que han influido en el número de personas paradas registradas. El más importante se produjo en 2005 con la instauración del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo) que introdujo algunas modificaciones, como la inclusión en la cifra de parados de los extranjeros desocupados inscritos como demandantes de empleo y la actualización de la clasificación de los demandantes de empleo en función del cambio de las circunstancias de los mismos, algo que no se realizaba anteriormente pos las oficinas y que producía situaciones tan absurdas como que un demandante de empleo estudiante menor de 25 años se seguía excluyendo del paro registrado aunque dejara de ser estudiante o cumpliera los 25 años. Estos cambios produjeron, como ya se ha señalado, un aumento de la cifra de paro registrado cercano al medio millón de personas, de 453.050, según las cifras correspondientes al uno de enero de 2005.

Del análisis efectuado hasta ahora, se pueden destacar una serie de razones que pueden provocar importantes diferencias cuantitativas entre el paro estimado de la EPA y el paro registrado en las oficinas públicas de empleo:

La primera, que no todas las personas desocupadas, que buscan activamente empleo y están disponibles para trabajar, buscan empleo inscribiéndose en una oficina pública de empleo, si no que eligen otros procedimientos distintos. Esta diferencia es de gran relevancia ya que únicamente es obligatoria la inscripción en las oficinas públicas de empleo si se es beneficiario de prestaciones por desempleo o si se quiere acoger a alguna medida de política activa de empleo, como las contrataciones bonificadas o los cursos de formación profesional. En una situación como la actual de agravamiento del paro, y teniendo en cuenta la falta de ofertas de empleo que suele caracterizar a la gestión de las oficinas públicas de empleo, una persona que no tenga derecho a las prestaciones por desempleo o que las haya agotado apenas tendrá incentivos para inscribirse o mantenerse inscrito como demandante de empleo, aunque busque empleo activamente por otros procedimientos diferentes.

La segunda razón, que no todas las personas inscritas no ocupadas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo se consideran dentro de la cifra de paro registrado por las razones de exclusión antes señaladas, aunque muchas de ellas puedan cumplir los requisitos de la OIT y, por lo tanto, ser computadas como paradas por la EPA.

La tercera, que puede ocurrir que ciertas personas se inscriban en las oficinas de empleo como demandantes no porque busquen empleo y, por consiguiente, sean parados según los criterios de la OIT sino para acogerse a determinados beneficios de los Servicios Públicos de Empleo, como los cursos de formación profesional, o de beneficios ajenos a esos servicios, como abonos de transporte gratuitos o acceso de sus hijos a colegios o institutos. En este sentido, los prejubilados inscritos en una oficina pública de empleo porque suelen ser beneficiarios de prestaciones por desempleo, la mayoría de los cuáles no buscan empleo por lo que no se considerarían parados en la EPA, sí, en cambio, se computan, si son menores de 65 años, como parados registrados.

Y, la cuarta razón que puede diferenciar la cifra de parados de la EPA y del paro registrado, sería la de que puede haber personas inscritas en las oficinas públicas de empleo como demandantes de empleo que buscan empleo exclusivamente por este procedimiento y que en la EPA no se computan como parados porque declaran que en los cuatro últimas semanas no han tenido contacto con las oficinas públicas de empleo con la finalidad de encontrar trabajo.

Las dos primeras razones explicarían que el paro de la EPA supere al paro registrado y las otras dos razones lo contrario, que el paro registrado supere al paro de la EPA. Históricamente la situación predominante ha sido la primera (con la excepción del período 2005-2008, como ya se ha señalado) y, por lo tanto, el paro de la EPA normalmente supera al paro registrado, debido a que no todos los parados se inscriben en las oficinas públicas de empleo y a que no todos los demandantes de empleo inscritos, aunque cumplan los requisitos de la OIT, se consideran como parados registrados.

Esta es la situación actual, ya que el paro de la EPA excede en más de un millón de personas al paro registrado. Pero esta diferencia no puede cuestionar la cifra estimada de personas paradas de la EPA sino todo lo contrario, puesto que del análisis efectuado se puede deducir que la EPA es una estadística mucho más fiable para la medición del paro que la del paro registrado porque sigue unos criterios objetivos internacionales que no sigue esta última estadística administrativa. En concreto, la EPA incluye una serie de colectivos que cumplen los requisitos de la OIT que pueden no incluirse en el paro registrado y, en cambio, la EPA excluye a otros colectivos que, aunque estén inscritos en las oficinas de empleo, no buscan activamente empleo.

Por lo tanto, existen suficientes argumentos, tanto desde la perspectiva estadística como desde la de la realidad del mercado de trabajo, para defender, en contra de la crítica planteada por el presidente de la CEOE, que es mucho más adecuada y fiable para la medición del paro la Encuesta de Población Activa que la estadística del paro registrado.

 

Madrid, marzo de 2013



[1] Como las relaciones personales, las gestiones para convertirse en trabajador autónomo, la utilización de empresas de trabajo temporal o de oficinas privadas de colocación, el contacto directo con las empresas a través del envío de curriculum u otros métodos diferentes de búsqueda activa de empleo.

 

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